El BOE contra la realidad: Salario mínimo, jornada laboral y el desempleo garantizado

En el debate público actual, pocas ideas suenan tan atractivas como legislar la prosperidad. La propuesta de reducir la jornada laboral por decreto, manteniendo el mismo salario, o las subidas recurrentes del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se presentan como conquistas sociales inapelables. No obstante, la realidad económica, obstinada y ajena a los anhelos políticos, funciona bajo sus propias normas. Pretender modificarla con una firma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es como intentar derogar la ley de la gravedad: un ejercicio de voluntarismo condenado al fracaso, cuyas consecuencias recaen siempre sobre los más vulnerables.

Para entender por qué, debemos despojarnos de eslóganes y analizar la naturaleza fundamental del trabajo y la contratación.

La lógica inmutable del intercambio laboral

Toda relación laboral es, en esencia, un acuerdo voluntario entre dos partes. Como cualquier otra transacción de mercado, para que un contrato se firme, las condiciones deben ser satisfactorias para ambos, tanto para el empleado como para el empleador.

• Para el trabajador, la decisión es un cálculo de coste de oportunidad. Acepta un empleo si la remuneración que recibe es superior al valor que él mismo le da a su tiempo libre (ocio) o a la siguiente mejor alternativa laboral disponible. El ocio es aquello que haríamos si no tuviéramos que trabajar, actividades que son un fin en sí mismas, mientras que el trabajo es un medio para conseguir un fin, sacrificando la satisfacción presente a cambio de una utilidad futura.

• Para el empresario, el cálculo es diferente, pero igualmente racional. Un empresario no contrata a un trabajador por preferencias subjetivas; el trabajo no es un bien de consumo para él. Lo contrata como un factor de producción. Por tanto, su decisión se basa en una pregunta muy simple: ¿el valor de lo que este trabajador va a producir es mayor que el coste total de contratarlo?

Este "valor" se conoce en economía como el producto de ingreso marginal: es el aumento en la producción que genera ese trabajador (su producto marginal) multiplicado por el precio que el mercado paga por ese producto. Si el salario y los costes asociados (seguros sociales, etc.) son más altos que este producto de ingreso marginal, la contratación no tiene sentido económico. Generaría pérdidas. Ningún empresario en su sano juicio contratará a alguien que le cuesta más de lo que aporta.

Cuando el BOE ignora las matemáticas

Aquí es donde las políticas de salario mínimo y reducción de jornada chocan frontalmente con la realidad. Estas medidas escritas en el BOE no alteran mágicamente la productividad de un trabajador; simplemente imponen un nuevo coste por decreto.

El salario mínimo como barrera de entrada

Una subida del SMI por ley es, en la práctica, una prohibición de que los trabajadores menos productivos puedan trabajar legalmente. Imaginemos un joven sin experiencia cuya productividad marginal se valora en 1.100 € al mes. Si el SMI (sumando costes de Seguridad Social) se fija en 1.400 €, ninguna empresa lo contratará. No es una cuestión de codicia, es aritmética elemental. A ese trabajador se le expulsa del mercado laboral, condenándolo al desempleo o a la economía sumergida, precisamente porque se le impide aceptar un salario más bajo que alguien sí estaría dispuesto a pagarle.

En un mercado libre, sin estas rigideces, ese trabajador podría aceptar un salario acorde a su productividad inicial, adquirir experiencia, formarse y aumentar su valor para, en el futuro, aspirar a una remuneración mayor. El SMI destruye este primer peldaño de la escalera profesional.

La reducción de jornada: Un aumento salarial encubierto

La propuesta de reducir la jornada laboral de 40 a 37.5 horas semanales cobrando lo mismo es, en realidad, un aumento del 6.67% en el coste por hora para el empresario. El efecto es idéntico al de una subida del SMI.

El empresario volverá a hacer sus cálculos. Aquel trabajador cuya productividad marginal ya estaba ajustada a su coste salarial, de repente, se convierte en un empleado que genera pérdidas. La empresa tiene dos opciones: o despide al trabajador o, si es posible, sube los precios de sus productos para compensar, lo que genera inflación y reduce el poder adquisitivo de todos los demás.

En ambos casos, la consecuencia es la misma: se contrata menos y se despide a los trabajadores que, tras la nueva regulación, han quedado con una productividad por debajo de su coste salarial. Estas políticas no crean empleo, generan desempleo involuntario masivo, un fenómeno que solo puede ocurrir cuando existen leyes que prohíben trabajar por debajo de ciertos salarios.

El capitalista no es el enemigo: Es el socio necesario.

A menudo, estas políticas se justifican bajo una narrativa de "explotación" del trabajador por parte del capitalista, una visión heredada de la errónea teoría del valor-trabajo de Marx. Esta idea ignora por completo el papel fundamental del capital.

El empresario, o capitalista, es quien renuncia al consumo presente para acumular ahorros e invertirlos en herramientas, maquinaria y tecnología (bienes de capital). Este capital es lo que permite que la productividad del trabajador se multiplique exponencialmente. Un taxista sin coche tendría que llevar a sus clientes a cuestas; su trabajo sería brutalmente ineficiente. El coche (el capital) es lo que hace que su trabajo sea productivo y le permita tener una buena vida.

El trabajador paga voluntariamente una parte de lo que genera al capitalista a cambio de tener acceso a ese capital que dispara su productividad. No es explotación, es una simbiosis beneficiosa. Castigar la acumulación de capital y la actividad empresarial con regulaciones que impiden un cálculo económico sensato solo lleva a la falta de capital, a una baja en la productividad y, al final, a la pobreza general con ratios altas de desempleo.

En definitiva, la prosperidad no se legisla. Se crea a través de intercambios libres y voluntarios que permiten a cada individuo, ya sea empleado o empleador, perseguir sus propios fines y mejorar su situación. La única solución funcional es la libertad, que permite a millones de personas cooperar y ajustar sus planes pacíficamente. Cada vez que el BOE interviene para "arreglar" esta realidad, solo consigue romperla.